En el país ya hay luces de institucionalidad, aunque estas tarden años en realizarse y se cobren la salud de tres niños y pongan en riesgo evidente a toda una comunidad. Retrasadas sí, pero llegan como una buena señal.
En un país donde la empresa privada rige las decisiones institucionales y donde la barrera entre empresarios y políticos es tenue, la medida tomada por el ministerio de Salud es un paso gigantesco en el historial gubernamental de años recientes.
La decisión es sorpresiva y eso le queda más claro a los propietarios de la fábrica, acostumbrados a patear las leyes salvadoreñas. Ayer, me asombraba su gerente de Mercadeo – casi estoy seguro de que es propietario o miembro de la familia dueña de la fábrica – aduciendo y reclamado legalidad y que la decisión se apegue al derecho. Su verdad es más pesada que el plomo y tiene toda la razón.
Si quiere justicia, pues primero su fábrica tuvo que haber sido cerrado en el 2005, cuando después de dos años no pudo cumplir con los requisitos que le puso Salud y Medio Ambiente; si quiere legalidad, debería pagar la multa más elevada por haber iniciado operaciones sin ningún permiso que lo amparara; si quiere ser justo, debería indemnizar a los niños que ahora llevan veneno en su sangre y a toda una comunidad que tenía su vida en riesgo. Si quiere ser ético, debió de haber trasladado a un lugar más adecuado y ahora tiene la responsabilidad de limpiar la zona de esos elementos contaminantes. Señor Martino, tiene razón. La justicia apenas está comenzando.
Su fábrica contaminaba tres veces más que el límite legal y envenenó el recurso más preciado para la vida humana: el agua, que ahora tiene niveles que ya no son aptos para el consumo.
En lo único que estoy de acuerdo es que el señor gerente dijo que su fábrica había sido cerrada por “autoridades no competentes”. Bravo, otra vez tiene toda la razón. Si esas autoridades hubieran sido competentes en el pasado, su fábrica hubiera sido cerrada después de su triste récord de incumplimientos e ilegalidades y que la vida de tres niños tuvieran un panorama menos sombrío.
Pero, ahora, con un giro que espero siente posición con las demás instituciones del país, la cartera de Salud ha dado un paso gigantesco, un nuevo récord en la historia de la democracia. Cuando digo y recontradigo que a El Salvador le queda esperanza, que vale la pena luchar y que es una locura y una cobardía bajar los brazos o irse cuando no está agotado el último cartucho, muchas veces me fundamento en esas pequeñas chispas que un día espero enciendan el motor de nuestro país.
En un país donde la empresa privada rige las decisiones institucionales y donde la barrera entre empresarios y políticos es tenue, la medida tomada por el ministerio de Salud es un paso gigantesco en el historial gubernamental de años recientes.
La decisión es sorpresiva y eso le queda más claro a los propietarios de la fábrica, acostumbrados a patear las leyes salvadoreñas. Ayer, me asombraba su gerente de Mercadeo – casi estoy seguro de que es propietario o miembro de la familia dueña de la fábrica – aduciendo y reclamado legalidad y que la decisión se apegue al derecho. Su verdad es más pesada que el plomo y tiene toda la razón.
Si quiere justicia, pues primero su fábrica tuvo que haber sido cerrado en el 2005, cuando después de dos años no pudo cumplir con los requisitos que le puso Salud y Medio Ambiente; si quiere legalidad, debería pagar la multa más elevada por haber iniciado operaciones sin ningún permiso que lo amparara; si quiere ser justo, debería indemnizar a los niños que ahora llevan veneno en su sangre y a toda una comunidad que tenía su vida en riesgo. Si quiere ser ético, debió de haber trasladado a un lugar más adecuado y ahora tiene la responsabilidad de limpiar la zona de esos elementos contaminantes. Señor Martino, tiene razón. La justicia apenas está comenzando.
Su fábrica contaminaba tres veces más que el límite legal y envenenó el recurso más preciado para la vida humana: el agua, que ahora tiene niveles que ya no son aptos para el consumo.
En lo único que estoy de acuerdo es que el señor gerente dijo que su fábrica había sido cerrada por “autoridades no competentes”. Bravo, otra vez tiene toda la razón. Si esas autoridades hubieran sido competentes en el pasado, su fábrica hubiera sido cerrada después de su triste récord de incumplimientos e ilegalidades y que la vida de tres niños tuvieran un panorama menos sombrío.
Pero, ahora, con un giro que espero siente posición con las demás instituciones del país, la cartera de Salud ha dado un paso gigantesco, un nuevo récord en la historia de la democracia. Cuando digo y recontradigo que a El Salvador le queda esperanza, que vale la pena luchar y que es una locura y una cobardía bajar los brazos o irse cuando no está agotado el último cartucho, muchas veces me fundamento en esas pequeñas chispas que un día espero enciendan el motor de nuestro país.
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